La senadora del PRI por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó en el Senado una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y obligar a las autoridades a realizar consultas públicas antes de reubicar planteles escolares.
La senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos Zempoalteca llevó hasta la máxima tribuna del país el conflicto generado por la reubicación de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en el centro de Tlaxcala, y presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación con el objetivo de evitar decisiones unilaterales por parte de las autoridades educativas.
La propuesta de la legisladora priista surge luego de las protestas de madres y padres de familia que denunciaron irregularidades en el proceso de traslado del plantel, así como presuntos riesgos en las nuevas instalaciones escolares. En meses recientes, tutores acusaron que la reubicación se realizó sin consenso, sin información suficiente y sin considerar el impacto económico y social para cientos de familias tlaxcaltecas.
En contraste, el vocero del gobierno de Morena, Antonio Martínez Velázquez, confirmó públicamente la reubicación de la primaria argumentando motivos de salubridad y riesgo por la cercanía con el río Zahuapan y la zona comercial del mercado Emilio Sánchez Piedras. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por padres de familia debido a la falta de estudios públicos previos y de mecanismos de diálogo que permitieran conocer con claridad el sustento técnico y social de la medida.
Ante este escenario, Ávalos Zempoalteca sostuvo en el Senado que la reubicación de una escuela “no puede ser una decisión autoritaria”, por lo que planteó modificaciones legales para establecer consultas públicas obligatorias antes de concretar cualquier cambio de sede de instituciones educativas. La iniciativa también contempla acompañamiento institucional y apoyo para madres y padres de familia afectados por estas medidas.
La senadora argumentó que actualmente la legislación no obliga a las autoridades a tomar en cuenta la opinión de la comunidad escolar, incluso cuando las decisiones impactan directamente la vida cotidiana de estudiantes y familias. Según expuso, en el caso de la Primaria Emiliano Zapata existen más de 550 alumnos afectados entre turnos matutino y vespertino, lo que representa a cientos de hogares que deberán asumir nuevos costos de transporte y tiempos de traslado.
Asimismo, criticó la actuación del gobierno estatal al señalar que existió “cerrazón, soberbia y falta de diálogo” con los padres inconformes. Incluso, aseguró que algunos tutores denunciaron presiones e intimidaciones para desistir de sus protestas contra la demolición y reubicación del inmueble escolar.
El conflicto de la Primaria Emiliano Zapata se intensificó desde principios de año, cuando autoridades estatales confirmaron el traslado del plantel argumentando problemas estructurales y riesgos derivados de la cercanía con el río Zahuapan y la zona comercial del mercado Emilio Sánchez Piedras. Sin embargo, padres de familia rechazaron la medida y realizaron manifestaciones y bloqueos para exigir diálogo y transparencia en el proceso.
Posteriormente, nuevas inconformidades surgieron tras denuncias sobre presuntas deficiencias y riesgos en las instalaciones donde fueron reubicados los estudiantes, situación que volvió a colocar el tema en el centro del debate público en Tlaxcala.
En ese contexto, la postura de la legisladora priista contrastó con la narrativa del gobierno estatal encabezada por sus voceros, pues mientras las autoridades defendieron el cierre y traslado del plantel bajo argumentos administrativos y de salubridad, la senadora centró su propuesta en el cuidado de la infancia, la participación de las familias y el respeto al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Ante ello, Anabell Ávalos insistió en que las decisiones gubernamentales en materia educativa deben construirse con consenso social y priorizando el bienestar de la comunidad escolar. La priista afirmó que su propuesta busca sentar un precedente nacional para impedir que futuras reubicaciones escolares se realicen sin escuchar a las comunidades afectadas.
La iniciativa ya fue turnada para su análisis en el Senado de la República y se espera que en las próximas semanas inicie la discusión legislativa correspondiente.
