La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca dio vista formal al Instituto Nacional Electoral sobre el juicio político promovido contra Emmanuel Ávila González, al considerar que su actuación compromete la imparcialidad electoral en Tlaxcala.
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca acudió al Instituto Nacional Electoral para dar vista formal sobre el juicio político promovido contra el presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emmanuel Ávila González, al señalar que su actuación ha generado preocupación por la imparcialidad y la equidad en el proceso electoral de Tlaxcala. La legisladora priista sostuvo que las autoridades electorales deben actuar con plena responsabilidad, independencia y apego a la ley.
La acción impulsada por Ávalos Zempoalteca deriva de las decisiones adoptadas por el órgano electoral local, luego de que determinó no dictar medidas cautelares, como el retiro o blanqueo inmediato de bardas, contra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García. De acuerdo con la postura de la legisladora, esta determinación resulta cuestionable ante la aparición de nombres y lemas vinculados a ambos actores políticos en distintos puntos del estado.
Al dar seguimiento al caso, la senadora recordó que desde el pasado 4 de mayo anunció la presentación del juicio político, al advertir que no se puede permitir un árbitro parcial ni decisiones que pongan en riesgo la equidad electoral. En ese sentido, afirmó que la actuación de las instituciones debe ofrecer certeza a la ciudadanía y garantizar que ningún servidor público intervenga de manera indebida en la competencia democrática.
Como parte de este proceso, Anabell Ávalos acudió también al Congreso local para ratificar formalmente la solicitud de juicio político y pedir a las y los diputados la integración de una comisión especial que analice el caso conforme a derecho. La legisladora priista subrayó que Tlaxcala necesita instituciones confiables, autoridades imparciales y procesos electorales que se desarrollen con legalidad, transparencia y respeto a la voluntad ciudadana.
